¿Puede un ministro abrir un negocio vinculado a su cargo en la función pública? ¿No habría una incompatibilidad? El ministro de Industria, Nicolás Trevisán, acaba de conformar una sociedad denominada “Grupo Siete Sociedad Anónima”, la cual fue ratificada como tal por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público, a través del Boletín Oficial Nº 15688 emitido el jueves 4 de agosto de este año. El empresario sigue ampliando sus negocios, ahora desde un cargo dentro del Poder Ejecutivo. Un escándalo que implosionó al lado del aljibe de la Rosadita y generó el enojo de varios funcionarios de la Renovación.
La sociedad también está integrada por un grupo de empresarios, algunos de los cuales responden a las filas de Juntos por el Cambio, es el caso de Diego Barrios (ex concejal de Posadas), también figuran Fernando Vely, Carlos D’ Orazi, Andrés Oria y Carlos María Beigbeder. «Son todos partidarios o adherentes del PRO, al igual que Trevisán», se quejó por lo bajo un importante militante renovador y funcionario del Gobierno.
No es la primera sociedad que el autodenominado “emprendedor”, como figura en sus redes sociales, integra junto a otros empresarios. La diferencia es que en esta oportunidad, el empresario polirrubro conformó una sociedad comercial de amplio espectro estando al frente de una cartera del Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que en el estratégico Ministerio de Industria.
En el 2018 el periodista Fernando OZ lo mencionó como integrante de una megafinanciera denominada G10 Emprendimientos SA, en la cual muchos de sus miembros no solo ocupaban cargos dentro de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, -institución de la cual, Trevisan fue presidente- sino que también fueron aportantes a la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en el 2015.
El desembarco del empresario en el ministerio de Industria –asumió el 1 de febrero del 2021- no hace más que expresar lo opuesto al pensamiento y accionar del Gobierno provincial, cuya administración en más de una vez ha criticado el “Gobierno de CEOS” llevado a cabo durante la gestión macrista, tal fue el caso de Juan José Aranguren, CEO de Shell y exministro de Energía y Minería, entre otros tantos.
LA GRAN SIETE
De acuerdo al Boletín, el Grupo Siete tendrá domicilio legal sobre la avenida Uruguay 3.969, de la Ciudad de Posadas y una duración de 50 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público.
Respecto a las actividades, el Grupo podrá comerciar bienes y artículos de consumo, hasta pudiendo importar y exportar. Además, podrá aportar capital a empresas o particulares para negocios, financiaciones o el otorgamiento de créditos con garantía real o personal, como así también la compraventa y negociaciones de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y otras que requieran el concurso público.
En la Resolución provincial, se permite a la a la Sociedad tener plena capacidad jurídica “para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por la ley o por su Estatuto. Podrá realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con instituciones del país o el exterior, ejecutar los actos, contratos y operaciones necesarias a su cumplimiento incluyendo todas las gestiones pertinentes ante los organismos de fiscalización y recaudación nacional, provincial o municipal, entidades bancarias y/o crediticias, públicas o privadas, creada o a crearse, Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal y demás reparticiones autónomas o autárquicas y entidades públicas o privadas que fueren menester, incluyendo los entes con similar potestad en los ámbitos municipales y provinciales de todo el país”.
Finalmente, se habilita al flamante grupo empresarial “mediante la aceptación y el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos y administraciones, la realización de comisiones y la explotación de concesiones, agencias, y consignaciones, intermediaciones, gestiones de negocios y la prestación de servicios de asesoramiento materia de las actividades comercializadoras, de exportación e importación y asesoramiento supra descriptas. Todos los servicios o actividades que en virtud de la materia hayan sido reservados a profesionales con títulos habilitantes, serán prestados por aquellos que a tales efectos contrate la sociedad. Asimismo, podrá obtener de las autoridades la autorización o habilitación necesaria para efectuar aquellas actividades que lo requieran”.
La doble vara del Gobierno provincial está a la vista. ¿Permitirá Oscar Herrera Ahuad que esto pase dentro de su Gabinete?…
