Cecilia Britto denunció que hay un “plan de desestabilización” contra el Gobierno nacional

Desde Brasil, la diputada del Parlasur responsabilizó de la campaña desestabilizadora a los “poderes hegemónicos” y aseguró que hay “un fenómeno de un despertar popular muy importante”. Banderas y remeras para marcar presencia.

La dirigente renovadora Cecilia Brito también sumó militantes a la movilización en defensa de Cristina Fernández de Kirchner que se realizó el pasado sábado en Posadas. Aunque ella no pudo estar presente porque se encontraba en la ciudad brasileña de San Pablo, donde mantuvo una serie de reuniones en el marco de su rol como diputada del Parlasur.

“No quería estar ausente en Posadas”, dijo Britto en un mensaje filmado que envió el sábado a través de sus redes sociales. Allí también explicó que no pudo estar presente en la marcha porque encabezó una “misión avanzada de Observación Electoral del Parlasur” para las elecciones generales de Brasil. 

De todos modos, envió a sus militantes a la movilización de “Misiones con Cristina” para “trasladarle a la compañera nuestro compromiso con sus convicciones”.

Britto aseguró que el país se encuentra atravesando un momento “histórico” porque hay “un fenómeno de un despertar popular muy importante” y destacó que “no les va a hacer fácil a esos poderes hegemónicos que han decidido, hace varios años, poner en marcha el plan de desestabilización de gobiernos nacionales y populares en toda la región”.

El acto central en la ciudad de Posadas se realizó en las puertas de la sede del Partido Justicialista. Las movilizaciones a favor de CFK comenzaron el pasado lunes en todo el país, cuando un fiscal federal Diego Luciani solicitó para la vicepresidenta una condena a doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos delitos de corrupción.

El peronismo, que hasta hace unas semanas atravesaba fuertes divisiones internas, está en un “permanente estado de alerta y movilización” tras la solicitud de condena contra CFK el marco de un juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era jefa de Estado.

El fiscal considera que está probado que la vicepresidenta fue la “jefa” de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado, pero la vicepresidenta sostiene que no existen pruebas en su contra y que es víctima de una “persecución política y mediática”.  |